Por Prodavinci
| 16 de mayo, 2014
El 25 de enero de 1771, Francisco de Miranda abandona Venezuela y se embarca en la fragata Prince Frederick de bandera sueca con destino a España. Dos meses más tarde, el 28 de marzo, cumplirá 21 años.
No parece una coincidencia que la
decisión de Miranda de marcharse a Europa ocurriera poco tiempo después
del incómodo y escandaloso incidente promovido por los criollos
principales de la capital contra Sebastián Miranda, su padre, en abril
de 1769. Una narración de lo acontecido fue hecha por Ángel Grisanti en
1950 en su libro El proceso contra don Sebastián Miranda, padre del precursor de la Independencia continental; también en mi libro El último marqués, publicado por la Fundación Bigott y en mi tesis doctoral El marquesado del Toro 1732-1851. (Nobleza y sociedad en la provincia de Venezuela), se hace extensa alusión a este episodio. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera:
El 16 de abril de aquel año, el
gobernador y capitán general José Solano y Bote había convocado a una
ceremonia a fin de instalar las compañías de milicias de la ciudad,
organizar sus respectivos batallones y designar a sus oficiales.
Al día siguiente en casa de Juan Nicolás
Ponte, nombrado comandante del batallón de blancos en la ceremonia del
día 16, se reunieron la mayoría de los oficiales que habían recibido
nombramientos aquel día y acordaron dirigir un memorial al capitán
general para expresarle que, si bien no tenían la intención de excusarse
de cumplir con el real servicio, no estaban dispuestos a aceptar los
empleos otorgados si no se excluía a Sebastián Miranda como oficial del
batallón de blancos. La negativa obedecía a que todos ellos pertenecían a
las primeras esferas de la ciudad y eran descendientes de sus más
ilustres pobladores; en consecuencia, no podían alternar con un
individuo de inferior calidad, que notoriamente ejercía el oficio de
mercader y que, como tal, estaba casado con una panadera. Desatenderían
las circunstancias y méritos de sujetos de su clase y constituiría un
agravio evidente a la calidad de sus familias si convenían en admitir a
un sujeto de baja condición, y de quien se decía era mulato, para que
compartiese junto a ellos la distinción de oficial en el batallón de
blancos de la ciudad. La representación estaba firmada por Juan Nicolás
de Ponte y Mijares, Francisco Felipe Mijares de Solórzano, marqués de
Mijares; Martín Tovar y Blanco, Francisco Palacios y Sojo, José Galindo y
Gabriel Bolívar y Arias, todos ellos connotados mantuanos caraqueños.
Ese mismo día, el cabildo de la ciudad,
integrado en su mayoría por los blancos criollos, dirige una
comunicación al capitán general para exponerle sus reservas respecto a
los nombramientos del día anterior, los cuales habían recaído en
forasteros y en personas de escasa notoriedad. Solicitaba muy
respetuosamente su anulación y que se delegasen en el cabildo las
propuestas y nombramientos referidos.
Al día siguiente, todos los agraviados a
título individual dirigen misivas al capitán general para exponer sus
reparos y manifestarle que no admitirían sus empleos si no se excluía a
Sebastián Miranda del citado batallón. Las cartas van firmadas por
Sebastián Rodríguez del Toro, marqués del Toro, Antonio Blanco y
Herrera, José Antonio Bolívar y los mismos individuos que habían firmado
la carta colectiva promovida por Juan Nicolás Ponte y Mijares.
Todos reiteraban el mismo argumento: no
estaban dispuestos a alternar en el batallón de blancos con un hombre
tan bajo, que tenía tienda abierta de mercader, que estaba casado con
una mujer de baja esfera, sin ninguna estimación y que, además, ejercía
el oficio de panadera. Lo que les molestaba de manera más visible era
que pudiese valer lo mismo ser un plebeyo isleño de Canarias, cajonero y
mercader, hijo de un barquero, que ser caballero, noble, cruzado y aun
titulado como lo eran, en su mayoría, los agraviados.
El capitán general intentó disuadir a
los mantuanos invitándolos a su casa, pero fue inútil. Martín Tovar y
Juan Nicolás Ponte, en presencia de los concurrentes, denigraron de la
calidad de Miranda. Miranda, por su parte, abrió causa contra Ponte y
Tovar por injurias, promovió una certificación de limpieza de sangre que
permitiese demostrar que tanto él como su mujer eran blancos y de
notoria calidad y renunció al grado de capitán que le había sido
otorgado en el batallón de la discordia. Los mantuanos, por su lado,
argumentaron que, aunque fuese blanco, era un hombre ordinario porque
baja era su condición y bajas sus conexiones.
El capitán general aceptó la solicitud
de retiro de Miranda y le concedió la baja ordenando que se le
conservasen las gracias, honras y preeminencias correspondientes a su
investidura de capitán. El cabildo insistió en la querella y dirigió al
monarca un largo memorial denunciando la afrenta irrogada a la nobleza
de la ciudad por parte del gobernador. Alegaba el cabildo que lo
ocurrido el 16 de abril había sido una ofensa inadmisible contra la
parte más virtuosa y decente de la ciudad.
Ponte y Tovar no se quedaron atrás y
abrieron causa contra Miranda exigiendo que ofreciese las pruebas de la
culpa que les imputaba. Mientras tanto, Francisco de Ponte y Mijares,
alcalde de la ciudad y hermano del querellado, acusó a Miranda por el
uso del uniforme y el bastón de oficial del batallón de blancos y ordenó
que se presentase al cabildo para justificar el uso de ambas
distinciones, amenazándolo con castigar su infracción con un mes de
cárcel y, en caso de reincidir, le aumentarían la pena a dos meses, le
retirarían el uniforme y el bastón para venderlos por piezas y
utilizarían el producto de la venta en la manutención de los presos.
Los españoles se sumaron a la querella
para apoyar a Miranda. Con ese fin redactaron una larga representación
al monarca explicando lo sucedido, denunciaron el abusivo control del
cabildo ejercido por los mantuanos, todos ellos emparentados entre sí,
en detrimento de los nacidos en la península, a quienes calificaban de
forasteros o pasajeros, negándoles el derecho a optar a los cargos de
honor y distinción.
El episodio conmovió a la ciudad; todo
el mundo comentaba el incidente y, tal como exponían los españoles en su
comunicación al rey, hasta las mujeres habían tomado cartas en el
asunto.
En julio, el capitán general elaboró un
extenso informe y lo envió a España con todos los documentos e
incidencias del caso: las cartas de los mantuanos, las réplicas de
Sebastián Miranda, la correspondencia del cabildo y sus propias
consideraciones sobre el episodio. Transcurrido más de un año, el rey se
pronunció sobre el suceso. La respuesta del monarca no solamente
desautorizaba de manera contundente todas las actuaciones del cabildo
capitalino incluyendo la persecución a Miranda por el uso del uniforme,
sino que le ordenaba abstenerse de tomar resoluciones sobre materias
para las cuales no estaba facultado, mandándole que borrasen del libro
capitular todo lo concerniente al día 17 de abril de 1769; exigía
perpetuo silencio sobre la indagación de la calidad y el origen de
Sebastián de Miranda, mandando a privar de sus empleos y condenando a
severas penas a cualquier militar o individuo que por escrito o de
palabra lo motejara o no lo tratase en los mismos términos que
acostumbraba anteriormente. Ordenaba igualmente que se alternasen los
cargos de alcalde entre criollos y españoles y que los nacidos en la
península no fuesen considerados forasteros.
Esta Real Cédula, de fecha 12 de
septiembre de 1770, llegó a Caracas en el mes de noviembre, año y medio
después de la discordia, y fue leída en el cabildo en la sesión del día
19. Si bien constituía una severa reprimenda y una desautorización clara
a los miembros del cuerpo capitular y por extensión a los blancos
criollos, el mandato del rey no alteró la composición del cabildo, el
cual siguió controlado por las mismas familias, no afectó el predominio
político de los mantuanos en el control del gobierno capitalino y
tampoco modificó sus sentimientos y pareceres respecto a Sebastián
Miranda. Fueron obedientes y diligentes mandando a tachar hasta hacer
ininteligible el acta del día 17 de abril, pero el canario Miranda,
aunque estuviese autorizado por el rey a usar el uniforme y el bastón de
capitán, seguía siendo un sujeto inferior, de baja esfera, sin honor ni
calidad, cajonero, mercader y esposo de una panadera.
La forma de proceder de los mantuanos se
correspondía con el sentido y normativas jerárquicas de la sociedad de
entonces, regida por fórmulas y principios que establecían un orden
desigual entre los individuos que componían la sociedad. En la esfera
superior estaba la nobleza criolla, descendiente de los conquistadores
quienes, por mandato divino, eran los responsables de proteger y
conservar el buen orden de la sociedad; y en la esfera inferior estaba
el resto de los mortales, los plebeyos, la gente de baja esfera, sin
linaje, honor ni privilegios, como Sebastián Miranda y, por ende, toda
su descendencia.
Para Francisco de Miranda la situación
resultaba inescapable. Era el primogénito de Sebastián Miranda y de
Francisca Rodríguez, hijo de canarios el primero y de portugués y
canaria la segunda, una pareja de personas trabajadoras que se habían
establecido en Caracas y levantado una familia de seis hijos, un origen
muy distinto y distante al de los oponentes de su padre. A los doce años
ingresó en la cátedra de latinidad en la Universidad de Caracas, paso
indispensable para preparar la tesis y presentar los exámenes que le
permitirían obtener la licenciatura. Continuó sus estudios de bachiller
en artes, pero solamente por dos años; no terminó el tercero, de manera
que no se graduó; tampoco siguió la carrera de las armas para
convertirse en oficial al servicio de la Corona.
Cumplidos los 20 años, el porvenir de
Francisco de Miranda no ofrecía muchas opciones. En una sociedad
fuertemente jerarquizada como la caraqueña del siglo XVIII, en la cual
el futuro de las personas estaba determinado por la calidad e hidalguía
de sus ascendientes, y cuando todavía estaba fresco el incidente que
había enfrentado a su papá con los principales mantuanos de la ciudad,
el hijo mayor de los Miranda Rodríguez tenía dos posibilidades: o se
conformaba con vivir en un entorno en el cual sería considerado y
valorado como el hijo de la panadera, un sujeto ordinario y de baja
esfera, o se disponía a labrarse un futuro diferente fuera de su lugar
natal.
Francisco de Miranda optó por lo
segundo. El 22 de diciembre de 1770, un mes después de conocerse en
Caracas el contenido de la Real Cédula que condenaba el proceder de los
mantuanos y le daba la razón a su padre, Francisco de Miranda solicita
licencia para certificar su legítimo nacimiento, limpieza de sangre y
buenas costumbres. Era el primer trámite que le permitiría abandonar la
ciudad en la cual había nacido el 28 de marzo de 1750.
El 3 de enero de 1771 le dirige una
comunicación al gobernador y capitán general Solano, en la cual le
manifiesta su interés de servir a su majestad en los reinos de España.
Solicita que se realice el trámite de información de testigos a fin de
que respondiesen si les constaba que era hijo legítimo de sus padres, si
había sido instruido y aplicado por sus padres en las primeras letras y
estudios de artes y si había vivido cristianamente, frecuentando los
Sacramentos de Nuestra Santa Madre Iglesia, sin haber dado escándalo ni
mala nota de su persona. Además, solicitaba que se le diese testimonio
certificado de la información de limpieza de sangre de sus padres en la
causa seguida con Juan Nicolás Ponte y Martín Tovar y de la Real Cédula
de San Ildefonso de 12 de septiembre de 1770, despachada por su majestad
a favor de su padre.
El último trámite lo realiza ante el
señor provisor y vicario general de Caracas a fin de que se le expidiese
una certificación en la cual constase que era soltero, honrado y de
arreglados procedimientos y así obtener la licencia que le permitiera
embarcarse a España.
Con el expediente completo que demuestra
su legítimo origen, limpieza de sangre, cristiandad, honradez, soltería
y la buena estimación en la cual se tenía a su padre, sale en busca de
su propio destino. En ese mismo instante comienza a escribir el diario
de su nueva vida: «1771. Enero día 25 al 26 de 1771. A las doce del día
nos hicimos a la vela en compañía del Paquebot, también sueco»